Cuando se trata de amparar monopolios de comunicación o grandes corporaciones próximas a sus intereses, el diario español El País da un paso al frente y sale en su defensa. Tal es lo que ocurre en el caso de la reciente movida del gobierno argentino en relación con la empresa cuasi monopólica Papel Prensa, propiedad mayoritaria de las sociedades empresariales de los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires.

Una cosa es el centro progresismo de andar por casa del diario español y otra cosa bien distinta son los negocios corporativos en los que es la guita la que manda. Con lo que se come no se juega.

Los 4 + 2 argentinos relacionados con el PSOE y el PSC

 

Hasta hace pocos días nos podíamos dar crédito a las declaraciones de algunos argentinos (afortunadamente contados con los dedos de la mano) que sin vergüenza, simulaban rasgarse las vestiduras porque una anciana argentina, abuela de 88 años, era expulsada desde Barajas por razones que cualquiera, sin esfuerzo, puede buscar en el acuerdo de Schengen, en la Directiva Europea del Retorno y en la Ley de Extranjería española firmada, aprobada y promulgada por los socialistas españoles y por la sucursal catalana del PSOE, el PSC. Estos hechos son disimulados y aceptados sin chistar por el gobierno argentino que ha guardado en el armario los convenios bilaterales con España y a los que hacemos referencia en nuestra nota/web Fahrenheit 451.

 

II REPÚBLICA ESPAÑOLA
Historia de impunidad y olvido

 

Un buen preguntador preguntaría: que tienen que ver los argentinos con la II República española, una cuestión que supuestamente tiene más relación con los españoles puros (¿Existen los españoles puros?) que con los argentinitos asentados desde hace unas décadas en estas tierras insulares y peninsulares. La verdad es que tienen mucho que ver, por lo menos por dos razones.

(¡Cuidado….la policía!)

 

Los sindicatos policiales

Los sindicatos de la Policía Nacional han criticado públicamente a la cadena de mandos que concluye en el Sr. Rubalcaba, y aun más arriba, en el propio presidente y su partido, el PSOE. Consideran la ilegalidad de ciertas instrucciones que precisan cómo se debe actuar ante ciudadanos no españoles fuera del marco de la ley y no tienen el menor interés en quedar expuestos a pagar el pato  por actuar ilegalmente.